A más de un año de la muerte de los fotoperiodistas Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, ocurrida durante el festival Axe Ceremonia 2025, un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a María del Pilar “N”, quien estaba a cargo del Programa Especial de Protección Civil del evento, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo.
La resolución representa un avance en la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ambos jóvenes perdieron la vida mientras realizaban la cobertura del festival.
La decisión se tomó después de una audiencia que se prolongó durante aproximadamente 21 horas, entre el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre de 2026. El juez José Luis Palacios Fernández determinó que existen elementos para iniciar un proceso penal contra la mujer, quien podrá enfrentar el procedimiento en libertad, bajo las medidas cautelares que le fueron impuestas por la autoridad judicial.
María del Pilar “N” fue la única de las 11 personas físicas y morales señaladas en esta etapa de la investigación que solicitó que su situación jurídica fuera resuelta durante la audiencia inicial. Los otros siete individuos y las tres empresas imputadas solicitaron la ampliación del plazo constitucional para preparar sus argumentos y presentar elementos en su defensa, por lo que se espera que su situación sea definida el próximo domingo 18 de octubre.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las imputaciones están relacionadas con las condiciones en las que se instalaron las estructuras utilizadas durante el festival, particularmente las grúas que sostenían elementos decorativos.
La autoridad señaló que estos equipos no estaban contemplados en el Programa Especial de Protección Civil presentado previamente, además de que fueron colocados el mismo día del evento, después de las inspecciones realizadas en el recinto.
Entre las empresas señaladas se encuentran Operadora Eclectic, La Agencia de los Socios y O.N. Producciones Creativas, relacionadas con la administración del espacio, la organización del festival y los trabajos de producción y ambientación. La investigación busca establecer las posibles responsabilidades de las personas y compañías involucradas en la instalación, supervisión y operación de las estructuras que terminaron provocando el accidente.
Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Ese día, Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas se encontraban trabajando como fotoperiodistas y documentaban las actividades del Axe Ceremonia cuando una estructura decorativa sostenida por una plataforma elevadora se desplomó sobre ellos. Ambos sufrieron lesiones que les provocaron la muerte.
La tragedia generó indignación entre la comunidad periodística, los asistentes al festival y los familiares de las víctimas, quienes comenzaron a exigir que se investigaran las condiciones de seguridad del evento y se identificara a los responsables. El caso también abrió cuestionamientos sobre los protocolos de Protección Civil, la instalación de estructuras de gran tamaño y los procedimientos de supervisión en espectáculos masivos.
Durante los meses posteriores al accidente, los familiares de los fotoperiodistas insistieron en que se investigara a todas las personas y empresas que pudieron tener alguna responsabilidad. El avance judicial, sin embargo, llegó después de una prolongada etapa de investigaciones y de diversos procedimientos legales relacionados con la integración del caso.
En el caso de Berenice Giles, su familia alcanzó acuerdos reparatorios con dos empresas y ocho personas físicas, según información publicada por La Jornada. Por ello, la imputación formulada en esta etapa judicial está relacionada con la muerte de Miguel Ángel Rojas. Esta situación forma parte de las particularidades legales que distinguen las actuaciones correspondientes a cada una de las víctimas.
La Fiscalía capitalina informó que las investigaciones incluyeron más de 120 entrevistas, peritajes especializados, inspecciones y análisis de videograbaciones, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido e identificar las posibles responsabilidades. La vinculación a proceso de María del Pilar “N” no representa una sentencia condenatoria, sino el inicio de una etapa judicial en la que deberán analizarse las pruebas para determinar si existe responsabilidad penal.
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