Teresa Rodríguez es dueña de una camioneta Nissan Quest modelo 2000, un vehículo familiar que en la actualidad puede valer entre 35 y 60 mil pesos, según su estado de conservación, pero que no ha vuelto a ver desde septiembre de 2024, cuando lo llevó a un taller mecánico para su reparación.
Teresa cuenta que acudió a un taller ubicado en la colonia España, cuyo propietario le solicitó varios anticipos para comenzar con las labores de reparación: “Se le dieron al mecánico cinco mil pesos de inicio, porque se le descompuso la transmisión. En total se le dieron once mil pesos comprobables en transferencias. Posteriormente se le dieron trece mil pesos más, de mil en mil quinientos, y así sucesivamente”.
Con dichos depósitos, la fecha para recuperar su camioneta era el mes de diciembre del 2024, pero la entrega no ocurrió. Cuatro meses después, encontró el vehículo desarmado y en estado de abandono.
“Lo que pasa es que el taller estaba en el Boulevard San Marcos, entonces yo pasaba y veía ahí mi camioneta desarmada. Ya después iba y lo buscaba y me decían que ya no estaba trabajando ahí esta persona. Hasta que en una ocasión ya no vi mi camioneta”, cuenta.
Fue entonces cuando Teresa decidió presentar una denuncia por robo. Sin embargo, afirma que, tras la primera comparecencia, el mecánico le advirtió que contaba con influencias dentro de la Fiscalía del Estado, lo que le garantizaba inmunidad: “Sí, el primer día de la denuncia. Él hasta se reía ahí”, afirma.
Posteriormente, Teresa afirma que fue persuadida por personal de la fiscalía para firmar un desistimiento de la denuncia, al no encontrar elementos suficientes para investigar un delito de robo: “Pregunté: ‘¿y qué sigue?’ Y me dijeron: ‘Nada, porque no se puede dar como un robo porque usted fue quien se la llevó. Si él la hubiera sustraído, ahí sí habría delito. Entonces me dijeron que no podían hacer absolutamente nada. Pedí la carpeta y me dijeron: ‘Se la doy, siempre y cuando me firme esto’.
Es este desistimiento el principal argumento de la fiscalia para cerrar la investigación, declarándose incompetente para proceder, así como también se declaró incompetente en una segunda denuncia por abuso de confianza, que Teresa presentó tras localizar su camioneta en la colonia San José del Arenal, de acuerdo a su testimonio.
Héctor Rodríguez, abogado de Teresa, afirma que el avance del caso parece confirmar las presuntas amenazas del acusado, pues la carpeta de investigación desapareció durante varios meses, y reapareció cuando notificaron la situación al Órgano Interno de Control, sólo para ser desestimada tres días después: “Se estuvo acudiendo en mayo, junio, julio, agosto, septiembre; hasta que acudimos al Órgano Interno de Control, y cuando éste acude a oficialía, por arte de magia la carpeta apareció.
Nos citan a los tres días y nos dicen que no hay delito que perseguir. Por un lado nos mencionan que no se toma en consideración la primera denuncia y que la segunda es imposible de seguir por la primera. Es un acuerdo completamente cantinflesco y revictimización a mi cliente”, afirma.
BI Noticias intentó contactar a la Fiscalía General del Estado para escuchar su versión, sin tener respuesta al cierre de esta redacción.
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